Votar es obligación en la Argentina desde la ley 8.871, sancionada en 1912 –la llamada Ley Sáenz Peña– que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio, pero solo para los varones entre los 18 y los 70 años. Faltaban casi 40 años para que las mujeres también pudieran votar: tuvieron que esperar hasta el 11 de noviembre de 1951. El voto fue obligatorio, entonces, desde 1912 hasta –más o menos– cuando el documento nacional de identidad se unificó con la cédula de identidad en el carnet con onda tarjeta de crédito que hoy tenemos: pienso que desde entonces, al complicarse la certificación del voto, pasó a ser una obligación de derecho pero no de hecho.
En tiempos de la Libreta de Enrolamiento o del Documento Nacional de Identidad (DNI), que también era una libreta pero más chica, cada votación constaba con el sello y la firma del presidente de mesa, que se estampaba en el último casillero vacío de unos cuantos que tenían esos documentos en sus páginas. Las libretas servían también para anotar los datos relativos al servicio militar de los varones. La de enrolamiento era más grande que un pasaporte y contenía hasta un mapa político de la Argentina, la letra completa del himno y las ilustraciones del escudo, la bandera y la escarapela nacionales. En esa época, el documento de las mujeres era más chico, y se llamaba Libreta Cívica.
Los documentos-libreta certificaban no solo la identidad y el estado militar sino también también cada voto. Si faltaba el sello de la última elección, podían complicarse algunos trámites, pero también podían impedir salir del país o cobrar una multa por no votar.
El estado tiene medios para saber quiénes votaron y quiénes no y por tanto quiénes son pasibles de sanciones por no votar, pero esas sanciones hoy son una multa y tan irrisoria que ni vale la pena intentar cobrarlas. De cualquier modo, esa obligación se había vuelto irrelevante cuando, mucho antes del cambio en los documentos, los gobiernos empezaron a amnistiar a los que no votaban poco tiempo después de cada elección.
Es curioso que en un país donde el voto es obligatorio, los candidatos tengan que rogar a la gente que vaya a votar. Dicen los panelistas de los canales de televisión que las razones del escaso porcentaje de votantes están entre la pandemia y la apatía por la política. Puede ser. También dicen que, a nivel nacional, la abstención favorecerá al oficialismo y perjudicará a la oposición. Otro puede ser. Pero si el voto es obligatorio y la capacidad de sancionar corresponde al gobierno, sorprende que sea la oposición la que insiste con su cantinela para que vayamos a votar, mientras que el oficialismo y su aparato de campaña pasan completamente de recordar a los ciudadanos que tienen que cumplir con esa obligación cívica.
Nuestro porcentaje de abstención es el de cualquier país en el que no es obligación votar: más bajo que el de Francia y de Alemania, parecido al de España y un poco más alto que el de los Estados Unidos. El voto obligatorio en la Argentina cayó en desuso sin que nadie lo derogue, quizá porque no nos gusta que nos obliguen a hacer nada. Por eso estoy seguro de que en un país de retobados, como el nuestro, mejoraría la participación si el voto no fuera obligatorio.