Las leyes de la naturaleza se cumplen inexorablemente. Entre esas leyes están las que los hombres cumplimos sin que nadie las dicte, porque son tan naturales como la ley de la gravedad: nacer, morir, procrear, comer, dormir... No es delito no dormir, pero inténtelo y verá cómo la naturaleza le pasa la factura. Y tampoco hacen falta leyes para decirnos que está mal matar, robar o mentir, pero como, a diferencia del resto de la creación, somos libres y capaces de hacerlo en perjuicio de otros, sí hay leyes que sancionan el hurto, el homicidio y el fraude. Los juristas llaman mala per se (malos en sí mismos) a los delitos que no necesitan leyes para que sepamos que está mal cometerlos. Mala prohibita, en cambio, son los que son delito solo porque una ley lo establece, como el contrabando o pasar el semáforo en rojo.
Debo aclarar que esta es una visión naturalista y también judeo-cristiana. Hay quienes sostienen, por el contrario, que solo está mal lo que la ley dice que está mal. Pero esa teoría –bastante alemana, por cierto– llevó a la humanidad a desastres tan atroces como la Segunda Guerra Mundial: todo lo que hizo el nazismo, hasta el exterminio sistemático de los judíos, fue conforme a sus leyes. La humanidad pudo juzgar a los criminales de guerra nazis gracias a la ley natural, ya que ninguno de ellos incumplió las leyes alemanas de aquellos años; todo lo contrario: las cumplieron a rajatabla. Lo mismo se puede decir hoy de los crímenes del integrismo islámico del Daesh en todo el mundo, que ellos cometen seguros de cumplir fatuas: unas sentencias que dictan los muftís a favor de sus atrocidades.
Las leyes que no se cumplen entran en desuso y pierden valor aunque nadie las derogue y lo mismo pasa al revés, con las conductas que todo el mundo cumple aunque no haya una ley que nos obligue: como se ve, la costumbre es una fuente del derecho tanto o más importante que las leyes que nos dictamos los humanos. Fíjese en el caso de Viedma y Carmen de Patagones, que son la Capital Federal de la República Argentina desde que lo dispuso la ley 23.512, sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de mayo de 1987.
Vayamos al grano: de hecho, y aunque las leyes todavía digan lo contrario, ninguna mujer que aborte es penada hoy en la Argentina a pesar de estar contemplado en el código penal con pena de prisión para la madre y mucho mas severas para quienes lo practiquen. Y estos días nos hemos enterado de los abortos que cometieron actrices y periodistas como si se hubieran tomado una cocacola. Todos, naturalistas y positivistas, sostienen que en cada caso de aborto voluntario hay suficientes atenuantes como para castigar además a la madre. Por suerte –y gracias a Dios– en nuestra cultura general y jurídica hoy entendemos que todo aborto voluntario involucra a dos víctimas: la madre embarazada y el hijo no nacido.
Pero una cosa es que no sea punible y otra cosa que se legalice y se lo convierta en un hecho tan banal como la extracción de una muela del juicio. El aborto no es un derecho, dijo vehemente Oscar Ojea, el presidente de la Conferencia Episcopal, y agregó: ¡es un drama! Quizá porque pienso igual, me atormenta que se discuta si podemos matar a nuestros semejantes como si un drama de la humanidad pudiera ser materia de discusión.
Ni la la minoría ruidosa ni la mayoría silenciosa tienen razón cuando pretenden legalizar el aborto o impedir su legalización por ser más o ser menos. Quiero decir que si todos votamos que las vacas vuelen, igual no van a volar y por eso me revuelve las tripas que unos y otros pongan sus ilusiones en los platillos de la balanza, a un lado y otro de una nueva grieta para dividir a los argentinos, gracias a la necesidad del gobierno de que nos olvidemos de otras grietas y de otras necesidades bastante urgentes, por cierto.
El sistema de mayorías y minorías, que sí rige en el momento de las elecciones o de la sanción de las leyes en el Congreso, no se puede aplicar a toda la vida republicana: no decidimos por ley que las vacas vuelen ni que a todos nos tenga que gustar el dulce de leche. Tampoco es posible decidir por una ley del Congreso que se puede matar a los argentinos más débiles.